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04 Noviembre del 2017 a las 12:28 pm

Los planes y retos de Venezuela para renegociar su deuda externa

Venezuela incursionó en un terreno incierto y plagado de obstáculos al anunciar su intención de renegociar su abultada deuda externa.

¿Qué se quiere renegociar?

La deuda venezolana asciende a unos US$ 150,000 millones, pero el presidente Nicolás Maduro no detalló los tramos que busca “refinanciar y reestructurar”.

El experto en deuda Alejandro Grisanti dijo a la AFP que “se refirió” a los bonos soberanos y de la petrolera PDVSA, que según su consultora, Ecoanalítica, suman unos US$ 62,000 millones.

Venezuela, país con las mayores reservas petroleras, también tiene como acreedores a Rusia (US$ 8,000 millones) y China (US$ 28,000 millones), que dijo confiar en que Venezuela resolverá sus problemas de deuda.

¿Quiénes son los tenedores de esos bonos?

Maduro sostiene que 74% son estadounidenses y canadienses.

Una fuente del banco JP Morgan, agente pagador de la deuda, señaló a la AFP que 30% son venezolanos. El resto se concentra en Estados Unidos, Canadá y Europa, según Ecoanalítica.

Fuentes del mercado aseguran que algunos de esos venezolanos son cercanos al gobierno y presionan para que no haya default.

Al anunciar la posible renegociación, Maduro ordenó el pago de US$ 1,169 millones del bono PDVSA 2017, según economistas con acreedores locales.

“Venezuela va a seguir siendo un pagador confiable”, garantizó Maduro, quien sostiene que el país pagó US$ 71,700 millones desde 2014 en servicio de deuda.

¿Qué implica una renegociación?

Aunque Maduro no habló de suspensión de pagos, Grisanti afirma que su anuncio es interpretado por el mercado como “el primer paso para un default”.

“Una reestructuración es una especie de default aunque no se catalogue así”, comentó a la AFP Henkel García, director de la firma Econométrica.

La pretendida renegociación generó que los bonos venezolanos bajaran hasta 20 puntos, aunque luego se recuperaron un poco, recordó Grisanti.

Con un nivel de reservas de US$ 10,000 millones y una economía devastada, Venezuela debe pagar en lo que resta del año unos US$ 1,800 millones, y unos US$ 8,000 millones en el 2018.

Si cae en default, el país enfrentará litigios, pues muchos bonos carecen de cláusula de acción colectiva (donde se impone el acuerdo con la mayoría), por lo que una minoría que se sienta lesionada puede demandar, advierte Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica.

“Pueden buscar el embargo de los activos de PDVSA en el exterior”, como Citgo, filial de la petrolera en Estados Unidos, o de cuentas por cobrar, señala Grisanti.

Los próximos pagos, previstos para la semana entrante, serán clave para saber si un default es inminente.

¿Es viable una renegociación?

El gobierno es ambiguo en cuanto a lo que busca, pues habla de “refinanciación y reestructuración”.

Un refinanciamiento es una oferta de canje de bonos y los inversionistas deciden, mientras que una reestructuración elimina el carácter voluntario y se obliga a los acreedores a aceptar nuevos papeles, explicó Grisanti.

De cualquier modo, “ambas cosas son imposibles puesto que por las sanciones de Estados Unidos el gobierno no está en capacidad de emitir nuevos bonos”, añadió.

Ligado a ello, Maduro delegó como negociadores al vicepresidente Tareck El Aissami y al ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, a quienes Estados Unidos impuso sanciones que prohíben a sus ciudadanos tratar con ellos.

“El gobierno también tendría que mostrar un plan de recuperación” que ofrezca garantías, apuntó Orlando Ochoa, doctor en economía de la universidad de Oxford.

La situación de la economía es calamitosa, tras cuatro años de contracción (36%), a las puertas de la hiperinflación (proyectada por el FMI en 2,349.3% para el 2018) y una producción petrolera que cayó 23% desde el 2008 hasta los actuales 1.9 millones de barriles diarios.

Con ese panorama, “los inversores preguntarán “‘¿cómo me vas a pagar?’”, dijo Ochoa a la AFP.

Otro obstáculo es lo legal. La renegociación debería ser aprobada por el Parlamento de mayoría opositora. Pero el gobierno lo desconoce y daría esa facultad a la Asamblea Constituyente, a su vez no reconocida por buena parte de la comunidad internacional.

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