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02 Febrero del 2018 a las 11:41 am

Colegio Químico activará vía legal para frenar fusión de farmacias

La configuración que tiene hoy el mercado farmacéutico en el país, donde una empresa concentra el 83% de las farmacias peruanas, representa un peligro inminente para el paciente, sostiene el Colegio Químico Farmacéutico del Perú.

Es por ello que la entidad accionará, en las próximas semanas, un mecanismo legal que resuelva la compra de Quicorp (Mifarma) por parte de InRetail (Inkafarma).

“En el Colegio Farmacéutico, indignados por lo que pasa, estamos evaluando la posibilidad de imponer acciones legales para detener esta situación. Este es un negocio redondo en los medicamentos y tenemos que encontrarle una solución”, aseveró el decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico, Marcial Torres Caballero.

Defendió la medida dando a conocer el caso de dos medicamentos: ciprofloxacino y azitromicina. “(El primero de ellos) es un antibiótico muy usado. Sin marca cuesta S/ 0,15; pero Inkafarma tiene su propia marca que se llama Clorfex. Es el mismo medicamento, pero con otro nombre y otra caja. Cuesta S/ 2,53”, dijo Torres.

En el caso de la azitromicina, el decano explicó que el precio sin marca es de S/ 0,50; mientras que el Azitor (de Inkafarma) cuesta S/ 12,00.

Para combatir este posible escenario de precios, el Colegio Químico Farmacéutico coordina con el Ministerio de Salud crear las “Farmacias Comunitarias”, que entregarán precios cómodos a los pacientes.

Ley de fusiones

Marcial Torres tomó el caso de las farmacias para exigir al Congreso que se apruebe una ley que controle las fusiones en el Perú. “Ante esta situación, urge una ley que nos proteja de estos monopolios, de estas fusiones y adquisiciones. Ojalá podamos detener esto con acciones legales, pero para futuro necesitamos que el Congreso de una vez acuerde una ley”, afirmó.

A su turno, el ex congresista Jaime Delgado recordó que es mandato de la Constitución que el Estado proteja la libre competencia en el Perú.

“Ese derecho constitucional consagrado en el artículo 61 de la Constitución dice que los peruanos gozamos de un sistema de libre competencia y que el Estado tiene la obligación de combatir cualquier práctica que la restrinja. Una concentración como la que vemos, obviamente restringe seriamente la competencia”, dijo Delgado.

Insistió también en la necesidad de que exista una entidad que regule el precio de los medicamentos “tal como ya sucede en otros países de la región”.

“Esta entidad debe tener el poder que hoy tienen organismos como el Osinergmin. Los medicamentos son un bien social”, detalló.

Proyecto de ley

Este jueves, a las 4:21 p.m., el congresista Javier Velásquez Quesquén presentó el proyecto de ley Nº 2371/2017-CR con el que propone la regulación de los precios máximos de los medicamentos básicos para enfermedades de mayor incidencia, gravedad y alto costo. El proyecto lleva la firma de los congresistas Elías Rodríguez y Luciana León.

El documento propone la creación del Órgano Regulador de Precios Máximos de Medicamentos Básicos.

La entidad se encargará de establecer el precio máximo de venta de los medicamentos básicos, “bajo criterios objetivos y transparentes, metodología que se señalará en el reglamento de la ley”.

Buscará también que la entidad garantice la investigación, el desarrollo y la innovación farmacéutica.

El proyecto de ley señala que quien presida este órgano será designado por el presidente de la República y “actuará en su representación”.

La entidad también estará integrada por el ministro de Salud y el ministro de Economía.

El proyecto de ley considera que si bien existen bienes que en la economía son regulados por la oferta y la demanda, los medicamentos pueden ser regulados por el Estado con el fin de salvaguardar los derechos sociales fundamentales.

Justiniano Apaza presenta acción de amparo

El congresista Justiniano Apaza Ordóñez presentó ayer en la mañana una demanda de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de anular el contrato de adquisición de Quicorp (Mifarma) por parte de InRetail Perú (Inkafarma), lo que permite que esta última tenga una posición dominante en el mercado de cadenas de farmacias, debido a la amenaza de vulneración de los derechos a la salud y de los consumidores.

“La demanda se encuentra en el Primer Juzgado Constitucional de Lima y la presentamos para proteger los derechos constitucionales de los consumidores frente a la amenaza de esta empresa privada. Esperamos que este contrato sea anulado, ya que lesiona y amenaza los derechos a la salud y de los consumidores”, dijo el legislador.

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